Huawei demanda al Gobierno estadounidense por las restricciones inconstitucionales impuestas por el Congreso a las ventas

[Shenzhen, China, 7 de marzo de 2019] Hoy, Huawei ha anunciado que ha presentado una demanda ante un tribunal federal de los Estados Unidos que desafía la constitucionalidad del artículo 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019 (NDAA). A través de esta acción, Huawei busca una sentencia que declare que las restricciones a Huawei son inconstitucionales, además de una medida cautelar permanente contra estas restricciones.

Guo Ping, presidente rotativo de Huawei (quinto por la izquierda); Song Liuping, vicepresidente sénior y director jurídico de Huawei (cuarto por la derecha), John Suffolk, vicepresidente sénior y jefe de seguridad informática y privacidad global (GSPO) de Huawei (tercero por la izquierda); Glen D. Nager, socio de Jones Day, abogado defensor principal en esta acción (segundo por la derecha); Yang Chaobin, presidente de la línea de productos 5G de Huawei (primero por la derecha); Li Dafeng, miembro ejecutivo de la junta fiscalizadora, director de la Oficina de Gestión de la Infraestructura de TIC (primero por la izquierda).

“El Congreso de los Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba que respalde sus restricciones a los productos de Huawei. Nos vemos obligados a iniciar esta acción legal como un recurso apropiado y como último recurso”, señalaba el presidente rotativo de Huawei, Guo Ping. “Esta prohibición no solo es ilegal, sino que también impide a Huawei participar en una competencia leal, lo que al final afecta negaticamente a los consumidores de los Estados Unidos. Esperamos con interés el veredicto del tribunal y confiamos en que beneficiará a Huawei y al pueblo estadounidense”.

La demanda se ha presentado ante el tribunal de distrito de Texas de los Estados Unidos. De acuerdo con la demanda, el artículo 889 de la NDAA de 2019 no solo prohíbe a todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos comprar equipos y contratar servicios de Huawei, sino que también les impide contratar u otorgar subvenciones o préstamos a terceros que compren equipos o contraten servicios de Huawei, sin ningún proceso ejecutivo ni judicial. Esto viola la cláusula de los actos legislativos contra un individuo sin procedimiento judicial previo (“bill of attainder”) y la cláusula del debido proceso. También viola los principios de separación de poderes consagrados en la Constitución de los Estados Unidos porque el Congreso está tanto redactando las leyes como intentando juzgar y exigir su cumplimiento.

El director jurídico de Huawei, Song Liuping, ha destacado que “el artículo 889 se basa en numerosas propuestas falsas y no probadas. Contrariamente a la premisa legal, Huawei no es propiedad del gobierno chino ni está controlada ni influenciada por el gobierno chino. Además, Huawei cuenta con una excelente trayectoria en materia de seguridad y con un excelente programa de seguridad. No se ha presentado ninguna prueba que indique lo contrario”.

“En Huawei estamos orgullosos de ser la empresa más abierta, transparente y escudriñada del mundo”, comentaba John Suffolk, funcionario de privacidad y seguridad informática global de Huawei. “El enfoque de Huawei en relación con la seguridad a través del desarrollo y el despliegue del diseño establece una franja de estándares de alto nivel que pocos pueden igualar”.

Desde la perspectiva de Huawei, las restricciones de la NDAA impiden a la empresa proporcionar tecnologías 5G más avanzadas a los consumidores estadounidenses, lo que retrasará la aplicación comercial de 5G, obstaculizando, a su vez, los esfuerzos para mejorar el rendimiento de las redes 5G en los Estados Unidos. Más allá de esto, los usuarios de la red en las regiones rurales y remotas de los Estados Unidos se verán obligados a elegir entre la financiación del gobierno y productos de alta calidad y rentables. Esto impedirá el proceso de actualización de la red, ampliando así la brecha digital. Peor aún, las restricciones a Huawei reducirán la competencia y los consumidores estadounidenses deberán pagar precios más altos por productos inferiores.

Las estimaciones realizadas por fuentes del sector indican que permitir a Huawei competir reduciría el coste de la infraestructura inalámbrica entre un 15 % y un 40 %. Esto ahorraría a Norteamérica al menos 20 000 millones de dólares estadounidenses en los próximos cuatro años.

Guo Ping ha añadido: “Si esta ley se deja de lado, como debería ser, Huawei puede llevar tecnologías más avanzadas a los Estados Unidos y ayudarles a construir las mejores redes 5G. Huawei está dispuesta a abordar cualquier inquietud que tenga el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la seguridad. El levantamiento de la prohibición de la NDAA dará al Gobierno de los Estados Unidos la flexibilidad que necesita para trabajar con Huawei y resolver problemas de seguridad reales”.